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Perú enfrenta actualmente una crisis de seguridad que ha tenido un impacto directo en el sector del transporte público. Diversas regiones del país, incluyendo Lima y Callao, han experimentado paralizaciones significativas debido al paro de transportistas, quienes exigen medidas concretas para protegerse de la violencia, inseguridad, extorsión y asesinatos perpetrados por organizaciones criminales. Las protestas han provocado largas filas de pasajeros en las calles, caos en la movilidad urbana y un debate nacional sobre la seguridad y la gestión del gobierno.
El paro de transportistas tiene raíces profundas en la violencia que enfrentan los conductores diariamente. Según datos oficiales del diario “El país”, en 2025 al menos 180 conductores de autobuses fueron asesinados por negarse a pagar extorsiones. Además, hasta septiembre de este año se habían reportado más de 18,000 denuncias por extorsión.
La comunidad de transportistas han solicitado la derogación de la Ley N.º 32108, que limita las sanciones a organizaciones criminales al restringir la definición de los delitos, y han pedido la implementación de un estado de emergencia en el sector de transporte público. La falta de acción efectiva del gobierno ha generado frustración y ha motivado a los transportistas a recurrir a un paro como forma de protesta.
El paro ha afectado a millones de ciudadanos, quienes han tenido que buscar alternativas de transporte ante la falta de buses. Las autoridades han desplegado fuerzas de seguridad para controlar el orden, pero muchos peruanos enfrentan retrasos, mayor gasto en transporte privado y dificultades para llegar a sus lugares de trabajo o estudio.
Además, el paro ha generado un debate sobre las soluciones propuestas por los transportistas, que incluyen portar armas o contratar seguridad privada. Especialistas advierten que estas medidas podrían ser riesgosas y poner en tensión la seguridad ciudadana. Mientras tanto, las calles muestran un contraste evidente: largas colas de pasajeros, transporte alternativo improvisado y la preocupación constante por la violencia en el sector.
El gobierno de Dina Boluarte ha sido criticado por su respuesta lenta y la falta de medidas preventivas. Los ciudadanos demandan acciones claras para proteger a los transportistas y garantizar la seguridad en las calles. Por su parte, los conductores mantienen firme su reclamo, resaltando que la violencia y la extorsión son problemas que afectan no solo a los transportistas, sino a toda la comunidad.
El paro de transportistas en Perú ha generado impactos visibles en la movilidad urbana y ha puesto en evidencia la preocupación social por la seguridad en el sector del transporte. La situación ha dado lugar a un debate amplio entre transportistas, ciudadanos y autoridades sobre cómo abordar los problemas de violencia y extorsión. Mientras tanto, la protesta continúa siendo un reflejo de la compleja interacción entre seguridad, política y economía que caracteriza la realidad del transporte público en Perú.
La situación política del país también se vio afectada, ya que Dina Boluarte fue destituida de la presidencia pocos días después debido a múltiples escándalos, incluyendo investigaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito, así como críticas por su manejo ineficaz de la seguridad y la protección de los transportistas. Su salida generó un cambio en el liderazgo del país, con Jose Jeri asumiendo la presidencia interina, y subrayó la gravedad de la crisis política y social que atraviesa Perú.
